FEDERICO DE CRISTO

MAGISTER EN FINANZAS - PROF. DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL 

TÉLAM

En enero 2002, tras varios cambios de presidente, Eduardo Duhalde asumió con apoyo del Congreso Nacional y devaluó el tipo de cambio en sucesivas etapas ($ 1 a $ 1,40). Luego el valor del dólar se liberó por presiones del FMI, bajo la gestión de Remes Lenicov en el Ministerio de Economía. Aquella devaluación de más del 300% generó un aumento de precios superior al 100% durante los primeros meses de 2002. Y como consecuencia de esto cayeron el poder adquisitivo de los salarios y el consumo, lo cual afectó aún más el retroceso de la producción y de la actividad económica.


En este contexto, el desempleo se disparó: en mayo de 2001 era del 16,4%; en octubre de 2001 fue del 18,3%; en mayo de 2002, del 21,5% y en octubre de 2002, del 17,8%, teniendo en cuenta que el Indec no consideraba desocupados a los perceptores de subsidios del Estado. En medio de este escenario, como medida extraordinaria para moderar el aumento del desempleo, el Gobierno implementó una ley que duplicó la indemnización por despidos. La norma rigió de 2002 a 2007. Entre 2002 y 2003, el sobrecosto de indemnización por despido se mantuvo en 100% sobre el monto previsto por ley hasta 2001. En 2004 se redujo el sobrecosto de indemnización al 80% y en 2005, al 50%.

Al comparar la situación de 2000 con la actual, hay que considerar varias diferencias de contexto. Por un lado, el desempleo inicial es relativamente reducido (5,9% y 8,6% de subocupación al tercer trimestre de 2015, según el Indec y el Ministerio de Trabajo), con muy baja proporción de empleo no registrado y sin posibilidades de contratación precaria. En cambio, en 2002 la desocupación (incluyendo beneficiarios de planes sociales) superaba el 25%, y la sub-ocupación era muy elevada. Estas condiciones favorecían la contratación de empleados mediante contratos flexibles para reemplazar empleados registrados con elevado costo para el contratante.

En 2016, en cambio, el país no arrastra una progresiva precarización laboral, sino que viene de una tendencia a la formalización laboral. El país salió del default, y no entró en cesación de pagos. Por esta razón, se muestra como una atractiva alternativa de inversión en emergentes. Por otro lado, se esperan crecientes inversiones en infraestructura, y no un retiro masivo de inversores. El sistema bancario goza de excelente salud y el financiero resistió la devaluación sin problemas de ningún tipo (cosa que en el pasado no fue usual). Hoy sí hay expectativas de creación de trabajo a mediano plazo, y no se verifican cierres masivos de empresas. El sector privado está muy endeudado, y una caída en la facturación no lo empuja a la quiebra como sí pasó en 2002.

Desde una lógica empresarial, la decisión de despedir personal conlleva una evaluación de los puntos a favor (menores desembolsos a futuro para aliviar una situación financiera ajustada), versus los puntos en contra. Al respecto, se pueden considerar en mayor profundidad dos aspectos negativos:

-El desembolso por indemnización: en casos donde la antigüedad del empleado es alta, el monto puede ser elevado incluso hasta el punto de optar por no despedirlo y esperar a su jubilación, si es que tiene los años suficientes.

-La capacitación del personal: un empleado con experiencia es mucho más productivo que uno nuevo, que debe transitar la curva de aprendizaje. En 2002, se verificó un fuerte deterioro del empleo, previo a la sanción de la ley antidespidos en ese mismo año. Sin embargo, no se verifica un deterioro similar en la actualidad. La situación no es dramática.